Los restos de dos jóvenes detenidos/desaparecidos estuvieron cinco años en una fosa común en Nuevo Laredo.
Nuevo Laredo, Tamaulipas (27 de Octubre del 2023). – Familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo del 2018 y atribuidas a elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina, acusaron a Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Asesores Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ocultarles información respecto a las diligencias realizadas en 34 carpetas de investigación y al menos cuatro juicios encauzados en los últimos dos años.
Este reclamo resurgió el martes pasado cuando una Agente del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) le confirmó a Gregoria Hernández Morales que habían identificado los restos humanos de su hijo Noé Ignacio Alférez Hernández, detenido por marinos el 18 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, junto con un amigo de nombre Jonatán Organista Ballesteros y que durante cinco años estuvieron en una fosa común de un panteón municipal de Nuevo Laredo.
La familia de la víctima acudió en febrero del 2018 a las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo a presentar una denuncia formal en contra del personal de la Marina iniciándose la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000532/2018.
En abril de ese mismo año, dicha la Fiscalía de Tamaulipas tuvo conocimiento del hallazgo de restos humanos correspondientes a dos personas del sexo masculino en una fosa clandestina ubicada en el kilómetro 23 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, pero ocultó la información a los familiares de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatán Organista Ballesteros, enviando sus restos a una fosa común y quedando registrados con el número de identificación NN3047.
En un juego perverso entre fiscalías, el 8 de mayo el Agente del Ministerio Público de la Federación en ese tiempo, Fernando de Jesús Cervantes Aguilar decidió no investigar la denuncia presentada en contra de los marinos y el 8 de mayo declinó la competencia a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Dos días después la Fiscalía de Tamaulipas devolvió la misma carpeta a la oficina de la FGR en Nuevo Laredo por considerar que la familia señalaba la participación de servidores públicos federales.
Finalmente, el pasado 5 de octubre del 2023, mediante la obtención de un perfil genético y la confronta con una base de datos de personas fallecidas no identificadas dieron positivo con los padres de la víctima, quienes sufrieron una fuerte crisis nerviosa afectando su salud física y emocional, luego de saber que su hijo Noé Ignacio estaba muerto y su cuerpo permaneció cinco años sepultado en calidad de desconocido.
DE 30 MARINOS DETENIDOS EN ABRIL DEL 2021 SOLAMENTE 7 CONTINUAN EN PRISION PROTEGIDOS POR JUECES FEDERALES
El 30 de Mayo del 2018, luego de una carta enviada al Gobierno Mexicano por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ Ad Al Hussein, desde Ginebra Suiza, al Gobierno Mexicano, solicitando iniciar una investigación por una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo por una fuerza de seguridad, la Fiscalía General de la República atrajo finalmente a sus oficinas centrales en la Ciudad de México la investigación por el delito de desaparición forzada de los jóvenes Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatán Organista Ballesteros en la carpeta de Investigación FED/TSDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000305/2018, así como de otras 38 personas.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que entre febrero y mayo del 2018 alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en diferentes operativos realizados en Nuevo Laredo bajo el mando del Almirante Marco Antonio Ortega Siu y a petición del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 13 de julio del 2020 emitió la Recomendación 36/2020VG dirigida al Secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, pero solamente por 27 víctimas, del resto la institución no encontró “evidencias” de participación de servidores públicos de la Secretaría de Marina. La recomendación también fue dirigida al actual Fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gert Manero, al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Oscar Enrique Rivas Cuellar.
En julio del 2021 la Secretaría de Marina ofreció una Disculpa Pública en Nuevo Laredo a familiares de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales reconociendo que su personal naval incurrió en graves violaciones a los derechos humanos actuando al margen de la ley.
Este miércoles, familiares de las víctimas han solicitado a la CNDH convocar a una reunión urgente en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en seguimiento a la Recomendación 36VG/2020, para denunciar que son revictimizadas tanto por funcionarios de la FGR como de CEAV al ocultarles información relevante de sus casos y principalmente porque faltan por localizar alrededor de 25 personas, entre ellas, los menores de edad, Adolfo Ángel Chigo Villegas y Jorge Antonio Hernández Domínguez.
Entre otras irregularidades denunciadas por familiares de víctimas se encuentran las siguientes:
No existe un Mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno Federal que permita el intercambio de información con familiares de las víctimas respecto a la elaboración de un Plan Integral y Efectivo de Búsqueda de las personas desaparecidas, así como acciones pendientes relacionadas con atención médica y reparación integral.
La mayoría de las y los asesores jurídicos de la CEAV no responden a llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de aplicación instantáneas o peticiones por escrito para gestionar ante la FGR la entrega de copias de las Carpetas de Investigación actualizadas, así como copias de las diferentes Audiencias correspondientes a las carpetas judiciales.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lleva dos años sin proporcionar asistencia psicológica a las familias; primero justificando la pandemia del coronavirus y actualmente la falta de presupuesto institucional para trasladarse a Nuevo Laredo.
El Agente del Ministerio Público de la Federación, de la FEIDDF, Antonio Saucedo Cruz se niega a proporcionar a víctimas indirectas copias de las carpetas de investigación actualizadas a la fecha.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han acordado realizar “búsquedas en vida” en centros penitenciarios de otros estados de la República Mexicana, sin descartar al menos ocho sitios ubicados en las colindancias de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en donde familiares de víctimas presumen que se encuentran fosas clandestinas con restos humanos desde 2018.
En los últimos tres años se han realizado al menos ocho diligencias en otros estados del país, PERO NO HAN ENCONTRADO A NINGUNA DE LAS 25 PERSONAS QUE AUN SE ENCUENTRAN DESAPARECIDAS, solamente es una forma de distraerles y justificar “actos de investigación”.
A cinco años de distancia, es evidente que las “” investigaciones” de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada son deficientes, omisas y negligentes cuyos beneficiarios son los marinos que participaron en estas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
