En una carta enviada al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, solicitó que se le informe al presidente, al gobierno de Tamaulipas y a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo que es beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas desde 2013.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CHHNL), Raymundo Ramos Vázquez, alertó que los constantes señalamientos a su persona en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de vincularlo con el crimen organizado, “expone a ser víctimas de graves ataques o represalias” a colaboradores, a víctimas y sus familiares atendidos por la organización, al colocarlos como “enemigos de la 4T y de las Fuerzas Armadas”.
En una carta enviada al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, Ramos Vázquez solicitó se le informe al presidente López Obrador que es beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas desde septiembre de 2013, y que cuenta con un “historial de agresiones, amenazas y situaciones de riesgo (que) están debidamente documentadas y analizadas por personal de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Hacerle saber al presidente de México que sus expresiones hacia mi persona me sitúan en un grave peligro de ser víctima de una agresión irreparable y que por lo tanto el licenciado Andrés Manuel López Obrador deberá asumir su responsabilidad ante las instancias correspondientes y ante la Historia, a la que tanto recurre y aprecia”, advirtió Ramos Vázquez.
En la misiva, el defensor expuso su “profunda preocupación por las constantes y reiteradas menciones que ha hecho de mi persona el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas intentando relacionarme con un grupo del crimen organizado, ‘en respuesta a la pregunta de un reportero’ quien evidentemente actúa de manera dolosa, poco profesional y seguramente por encomienda de personas que se ven afectadas por mi labor como defensor de derechos humanos”.
Ramos puntualizó que esos señalamientos constituyen una “criminalización” de su persona y la “exposición mediática, sin oportunidad de réplica y sin sustento jurídico alguno, no solamente representa una flagrante violación a mis derechos humanos, sino que también nos expone a ser víctimas de ataques o represalias a mis familiares, a colaboradores del Comité, así como a víctimas y familiares que acompañamos, pues ante una audiencia masiva, anónima y politizada nos sitúa como enemigos de la 4T y de las Fuerzas Armadas”.
Tras señalar que ha sido víctima de espionaje por parte del Ejército mexicano, lo cual ha sido ampliamente demostrado, Ramos Vázquez recordó a Encinas Rodríguez que no ha sido requerido “por el Ministerio Público en carpetas de investigación relacionadas con personas involucradas en actividades ilícitas y que las grabaciones de audio y video que alguna autoridad filtró a los medios de comunicación carecen de sustento jurídico” para involucrarlo como integrante de un grupo criminal.
Luego de recordar que el 26 de febrero pasado fue víctima de agresiones físicas y su equipo de trabajo fue dañado por elementos militares, el defensor solicitó a Encinas que informe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al gobierno del estado de Tamaulipas, a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, que es beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
