CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante el 2019 el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas llevo a cabo anotaciones en por lo menos 50 fincas de predios y propiedades con embargo o aseguramiento precautorio ordenado judicialmente por instancias como la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Justicia del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado en aquellos casos donde se presume manejo de recursos de procedencia ilícita.
Juan Joaquín Ramírez Martínez, director general del organismo dijo que en estos momentos hay aseguramientos de propiedades que se considera como una operación hecha por nosotros cuando alguna autoridad de orden federal o estatal y valga la redundancia autorizada para ello genera aseguramientos precautorios hay lo que nosotros tenemos que generar es una anotación en la finca correspondiente, que nos están solicitando que se haga el embargo o el aseguramiento precautorio.
Explicó que eso genera una operación, porque se le va generar una anotación a la finca, donde se dice que la finca está embargada o asegurada precautoria por una orden judicial con tal número de expediente y eso generalmente lo genera la Fiscalía Anti corrupción y organismos como la Fiscalía General o la Fiscalía de Justicia del Estado y lo genera también la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, son los tres entes, esta última la Unidad de Inteligencia Financiera es dependiente de la Secretaría de Finanzas quien se encarga de hacer un análisis financiero cuando hay un uso indebido de recursos.
Resaltó que en conjunto con la Fiscalía del Estado generan los aseguramientos o con las direcciones de auditoría fiscal que dependen de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas son aseguramientos precautorios los que se realizan por estas autoridades, actualmente hay 50 aseguramientos que no son muchos en comparación al número de operaciones que se realizan en el Instituto, son los menos pero no dejan de ser menos importantes porque trata el gobierno del estado de fincar alguna responsabilidad en materia de uso indebido de recursos en coadyuvancia con la federación por lo se van generando y se van abriendo las carpetas de investigación.
Dejo en claro que los dueños de esas propiedades está en su derecho de poder apelar a este procedimiento y defenderse ante los juzgados correspondientes y a la mejor poder tener la razón y en caso de que la indagatorio demuestre lo contrario de que los recurso no son de procedencia ilícita y se les regresa, nosotros nada mas cumplimos con la instrucción o la orden que nos genera esas instancias hacemos lo conducente nos podemos estar en medio de eso, si un juez nos dictamina que quitemos las anotaciones y libera los predios