De las 34 investigaciones abiertas por la desaparición de 47 personas en el primer cuatrimestre de aquel año en la ciudad, unas se estancan en los despachos y otras se caen en los juzgados.
Familiares de víctimas de abusos de la Marina en Nuevo Laredo se manifiestan frente al Senado, en Ciudad de México, en noviembre de 2023.Andrea Murcia Monsivais (Cuartoscuro)
A mediados del mes pasado, un tribunal federal tumbó uno de los casos de la Fiscalía federal contra la Armada mexicana, por la cacería que marinos emprendieron contra presuntos integrantes del crimen local, a principios de 2018, en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas. Por mayoría de tres votos, los magistrados decidieron que las pruebas que habían presentado los fiscales no daban siquiera para procesar a los marinos. Los acusados eran nueve y la dependencia les acusaba de la desaparición forzada de Julio César Viramontes.
El caso Viramontes, que vuelve al punto de inicio, con el joven todavía en paradero desconocido, ilustra el desastre del Estado mexicano en uno de los casos paradigmáticos de violencia organizada desde las instituciones, en la historia moderna del país. Entre febrero y mayo de aquel año, 2018, elementos de la Armada desaparecieron a decenas de jóvenes en la ciudad norteña, situación que provocó la intervención de la ONU y la posterior disculpa del mismo Estado, que entonó el mea culpa en un acto solemne en 2021 en la ciudad.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió 34 investigaciones por la desaparición forzada de al menos 47 personas. La Secretaría de Marina anunció la detención de 30 elementos.
La impresión es que el Gobierno entrante, comandado por Andrés Manuel López Obrador, se tomaba en serio la situación. Pero han pasado los años y aquel interés se difumina, más según avanza el calendario y las elecciones se adivinan ya en el horizonte político.
Este miércoles, las familias de ocho de los desaparecidos, han comparecido ante la prensa para denunciar la parálisis de sus casos y las sospechas sobre la impunidad de los marinos.
El caso Viramontes no es el único. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que representa a las víctimas, señala que de las 34 investigaciones abiertas, apenas “cinco o seis” se han presentado al juzgado. Y que por los casos de 13 de las 47 víctimas, la FGR ni siquiera ha pedido la detención de los marinos que supuestamente participaron en su desaparición.
No solo eso. El presidente del Comité de Nuevo Laredo, una oenegé local, Raymundo Ramos, señala que de los 30 marinos que la Armada detuvo en 2018, solo siete siguen en prisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que publicó un informe sobre el caso y pidió al Estado reparase el daño causado a las familias, explica Ramos, no ha dado seguimiento a sus propias recomendaciones. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, añade, “no ha hecho una sola reparación”.
El caso Viramontes es paradigmático. Su caso, de febrero de 2018, fue el primero en llegar al juzgado. También el primero en caerse. Ahí, la culpa es repartida. El 19 de febrero de 2018, a la hora de comer, el carro en que circulaba Viramontes chocó con un vehículo de la Armada. Al parecer, los marinos les perseguían.
Dos de los ocupantes del vehículo civil huyeron, no así el muchacho, que trató de refugiarse en una casa cercana, según consta en la sentencia del tribunal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
A partir de ahí, lo ocurrido es un misterio. Se sabe qué marinos estuvieron allí, partiendo del teniente a cargo del convoy, Salvador Rodríguez. Se sabe que el choque existió, como lo atestiguaron agentes de tránsito de la ciudad.
Pero las pruebas a partir de ahí languidecen. En su día, la Fiscalía defendió en el juzgado que los marinos habían llevado al joven a la base de Laguitos, por la ubicación de su celular. Su familia encontró además el vehículo chocado cerca de la instalación de la Armada, situación que los fiscales no alcanzaron a corroborar.
En su sentencia, los magistrados afean a la FGR una “pasividad notable” en su investigación, lo que consideran “inadmisible” ¿Tienen razón al estimar que las pruebas que ha entregado las Fiscalía son insuficientes? Sea como sea, el caso figura ahora fuera de la agenda política.
Su madre, la señora Erika Arredondo, decía este miércoles que ya no espera justicia. “Pero por lo menos que me regrese a mi hijo”, dijo.
