Nuevo Laredo, Tamaulipas, 02 de julio de 2024.— En una audiencia celebrada hoy, los abogados defensores de cuatro militares acusados del homicidio de cinco jóvenes y la lesión de dos más en la colonia Manuel Cavazos Lerma, argumentaron que la prisión preventiva oficiosa impuesta a sus clientes vulnera sus derechos humanos.
Esta posición ha generado controversia, pues los defensores de las víctimas sostienen que se anteponen los derechos de los acusados a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
El domingo 26 de febrero de 2023, en el cruce de las calles Méndez y Huasteca, siete jóvenes fueron brutalmente acribillados por personal militar bajo el mando del capitán Elio Conde Toledano. Cinco de ellos perdieron la vida en el lugar: Gustavo Ángel Suarez Castillo, Gustavo Pérez Benítez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez y Alejandro Trujillo Rocha.
Entre los sobrevivientes, Luis Gerardo resultó gravemente herido y Alejandro Pérez Benítez, aunque ileso físicamente, quedó marcado por las secuelas psicológicas imborrables tras presenciar la muerte de su hermano.
El Licenciado Edgar Netro Acuña, asesor de los familiares de las víctimas, informó que la defensa de los militares solicitó una revisión de las medidas cautelares. En noviembre de 2023, un juez de control decretó la prisión preventiva justificada para los cuatro militares en el Campo Militar, debido a su involucramiento en otro proceso por desacato y desobediencia militar, del cual fueron absueltos recientemente.
Netro Acuña señaló que, durante la audiencia, el juez decidió revocar la prisión preventiva justificada y permitir que los militares enfrenten el proceso en libertad, bajo estrictas condiciones. Los cabos del 16 Regimiento de Caballeria Motorizada, Agustin “N”, Bernardo “N”, Jorge “N” y Juan Carlos “N”, deberá presentarse cada sábado en el Campo Militar 1, tienen la prohibición de salir de la Ciudad de México y la residencia obligatoria en el Campo Militar número uno, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Además, serán sometidos a vigilancia aleatoria por parte de la Guardia Nacional y tienen prohibido acercarse a las víctimas y testigos del caso.
“Este cambio no implica que los acusados sean inocentes o que no puedan ser nuevamente privados de su libertad si se demuestra su culpabilidad”, aclaró Netro Acuña. “Si violan alguna de las medidas impuestas, la prisión preventiva justificada podría ser reestablecida.”
El asesor también destacó que, en casos anteriores, algunos militares acusados de delitos graves han desertado y huido, lo que detuvo el proceso judicial hasta su captura. “Existe un riesgo latente de fuga en este caso, dado que los militares enfrentan cargos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, acusaciones extremadamente graves”, añadió
